El Tribunal Supremo ha rectificado su doctrina y considera que, ahora, es el Banco el que está obligado al pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados de las escrituras públicas de préstamos con garantía hipotecaria y no el cliente.

Es la sentencia de 16 de octubre de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la que modifica su jurisprudencia anterior.

Ahora realiza una nueva interpretación de la Ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados considerando, en definitiva ,que es el banco (el que presta el dinero) el sujeto pasivo de este impuesto.

Por tanto, esta nueva sentencia viene a corregir su jurisprudencia anterior y anula la sentencia previa del 28 de febrero de este mismo año, en la que dictaminó que son los clientes los que debían pagar este impuesto.

La Sala del Alto Tribunal tiene en cuenta que el negocio inscribible es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista.

Admite que si bien la ley del impuesto establece ‘expresamente’ que el sujeto pasivo es el tomador de la hipoteca, también afirma ‘expresamente’ que tal obligado será “en la constitución de derechos reales aquel a cuyo favor se realice este acto”, condición -añade el tribunal- que ostenta el ‘acreedor hipotecario’ y que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca.

Esta sentencia cuenta con un voto particular discrepante, emitido por el magistrado Dimitry Berberoff, que postula el mantenimiento de la jurisprudencia, y otro concurrente, del magistrado Nicolás Maurandi, que considera que la sentencia debió incidir en la existencia de dos impuestos: en el de actos jurídicos documentados y en el principio de capacidad económica previsto en el artículo 31 de la Constitución.

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